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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha atraído críticas por defender una controvertida orden ejecutiva de 2020 que prohibía la entrada al país a algunos solicitantes de asilo. Esta política, que se implementó durante las primeras etapas de la epidemia de COVID-19, supuestamente se implementó para prevenir la propagación de la enfermedad, pero los críticos dicen que ha sido perjudicial para los solicitantes de asilo. En un caso judicial reciente, el Departamento de Justicia defendió la política, argumentando que sigue siendo necesario limitar la propagación de la infección en las instalaciones de inmigración.
¿Qué es esta Orden Ejecutiva?
En abril de 2020, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva bajo 42 U.S.C. § 265 (a menudo denominado simplemente “Título 42”) que otorgó a las autoridades de inmigración el derecho de expulsar a cualquier persona en la frontera sur que diera positivo por COVID-19. Esto incluía a cualquiera que buscara asilo en la frontera debido a la violencia, las dificultades o la persecución política. Como resultado, se estima que más de un millón de personas fueron expulsadas en la frontera mexicana sin ningún tipo de proceso legal.
¿Por qué se impugna esta orden?
Según una demanda presentada ante un tribunal federal por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros defensores en nombre de las familias migrantes, la orden ejecutiva privó injustamente a las personas que buscaban asilo de su derecho al debido proceso. De hecho, un juez federal inicialmente bloqueó la ejecución de la orden de salud pública, pero ese fallo fue anulado en apelación. Según la demanda, este ejercicio de la autoridad del Título 42 no tiene precedentes en su alcance y sobrepasa la autoridad que la ley realmente otorga.
¿Por qué el DOJ defiende esta orden?
Según el Departamento de Justicia, la orden de salud pública sigue siendo necesaria para proteger la salud y la seguridad de las personas en los centros de detención de inmigrantes. Argumentan que rechazar a los migrantes en la frontera, incluidos los solicitantes de asilo, es importante para evitar que estas instalaciones se saturen, lo que genera un alto riesgo de infección por COVID entre la población inmigrante. Sin embargo, el juez del caso expresó su escepticismo sobre la necesidad de la orden, especialmente dada la mayor disponibilidad de vacunas y otras medidas para prevenir la propagación de COVID-19.
¿Qué efecto tiene esto en los solicitantes de asilo?
Para muchos solicitantes de asilo, esta política significa que los rechazan en la frontera y los dejan en México sin tener la oportunidad de presentar su caso. Esto les impide obtener el debido proceso que merecen y al que tienen derecho legalmente. La mejor manera de tener la oportunidad de lidiar con los problemas de asilo es contactar a un abogado especializado en leyes de inmigración, quien puede ayudarlo a encontrar el mejor camino a seguir.
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