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EspanolEl 4 de junio, el presidente Joseph R. Biden firmó una orden ejecutiva que declaraba que cualquier no ciudadano que intentara cruzar la frontera sur de los Estados Unidos sería rechazado a menos que se presentara en un puerto de entrada legal. Esta política se implementó para hacer frente a un número creciente de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, lo que ha comenzado a abrumar a las autoridades de inmigración. En particular, esta política no exime a las personas que buscan asilo, lo que llevó a dos grupos separados a presentar una demanda, diciendo que la nueva política viola la ley de inmigración existente.
Términos de la Orden Ejecutiva
La nueva orden ejecutiva impone límites severos a la inmigración a través de la frontera entre México y Estados Unidos, cerrando efectivamente la frontera cada vez que más de 2,500 no ciudadanos intentan cruzar la frontera sin la documentación adecuada. En ese momento, la única manera de cruzar legalmente a los Estados Unidos es ir a un puerto de entrada legal, y todos los demás serán rechazados. Las personas que intenten cruzar la frontera ilegalmente pueden enfrentar penas de prisión, deportación u otras consecuencias legales. Esta restricción se mantendrá hasta que haya siete días consecutivos de menos de 1,500 personas intentando cruzar la frontera sin documentación.
Impacto en los inmigrantes indocumentados
Para los inmigrantes indocumentados que intentan ingresar al país, particularmente los solicitantes de asilo, esta orden ejecutiva es potencialmente devastadora. Debido a que serán rechazados en la frontera sin ingresar formalmente a Estados Unidos, muchos ni siquiera verán sus casos escuchados, lo que puede ser particularmente peligroso para los solicitantes de asilo que pueden verse obligados a regresar a países donde enfrentan violencia, privaciones o persecución. Como resultado, muchos pueden quedar varados en la frontera sur sin recursos legales para sus dificultades.
Litigio presentado impugnando la orden
En respuesta a esto, el Centro de Derechos de Inmigrantes de Las Américas y RAICES presentaron una demanda impugnando la legalidad de la nueva política, siendo en parte representados por la ACLU. Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales de Las Américas, acusó a la administración de intentar “penalizar aún más a personas y familias vulnerables que buscan protección”. El Departamento de Seguridad Nacional, que figura como uno de los acusados en la demanda, se negó a comentar sobre el litigio pendiente.
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