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Según informes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está evaluando una nueva norma que exigiría a algunos solicitantes de la tarjeta de residencia permanente (conocida como *green card*) depositar una fianza de hasta 100.000 dólares como parte del proceso de solicitud. Aunque la medida aún está bajo deliberación, su implementación dificultaría enormemente que muchos solicitantes obtuvieran el estatus de residentes permanentes legales. Esta es solo la más reciente de una serie de normas propuestas por la administración Trump, las cuales parecen tener como objetivo complicar cada vez más la obtención de estatus legal y la ciudadanía para los inmigrantes.
Una nueva norma impondría una fianza de hasta 100.000 dólares a los solicitantes de la tarjeta de residencia en el extranjero
Bajo la norma que contempla el Departamento de Estado, cualquier persona que solicitara la tarjeta de residencia a través de un consulado estadounidense en el extranjero se vería obligada a depositar hasta 100.000 dólares como parte del trámite. Si el solicitante no pudiera aportar el dinero por sí mismo, un familiar podría depositar la fianza. Además, siempre que el solicitante completara el proceso con éxito, es probable que el dinero le fuera devuelto, aunque dicho reembolso podría tardar fácilmente cinco años o más.
La justificación de esta norma es doble: en primer lugar, garantizaría hipotéticamente que los inmigrantes puedan mantenerse económicamente al llegar a EE. UU. y, en segundo lugar, serviría como garantía en caso de que el titular de la tarjeta de residencia perdiera la capacidad de mantenerse por sí mismo, infringiendo así lo que se conoce como la norma de “carga pública” (*Public Charge Rule*).
Un patrón de mayores restricciones migratorias
Este es solo el cambio más reciente en la legislación migratoria impulsado por la administración Trump, la cual ha buscado dificultar considerablemente la llegada de muchos inmigrantes a los Estados Unidos. Por ejemplo, hace apenas unos meses, la administración intentó introducir una modificación normativa que habría obligado a todos los solicitantes de la tarjeta de residencia a tramitar su solicitud desde fuera de Estados Unidos, a través de un consulado. Si se combinara con esta nueva norma, se exigiría en la práctica que todos los solicitantes dispusieran de al menos 100.000 dólares simplemente para tramitar la residencia permanente.
La norma se enfrenta a importantes desafíos legales
Incluso si la norma llegara a proponerse e implementarse formalmente, podría enfrentar obstáculos legales significativos para su aplicación efectiva. Por ejemplo, cuando la administración Trump intentó imponer una tarifa de 100.000 dólares a los solicitantes de visas H-1B, la medida fue anulada por violar la ley federal, al considerarse que equivalía a un impuesto ilegal. Es probable que cualquier implementación de esta norma propuesta enfrente obstáculos similares, y por muchas de las mismas razones.
Qué debe hacer
Si usted o un ser querido desea solicitar una tarjeta de residencia permanente (*green card*), necesitará asesoramiento experto para desenvolverse en el actual y convulso panorama legal. Por ello, le recomendamos consultar a los abogados de inmigración de Drucker Law Firm. Ellos podrán analizar las circunstancias de su caso y ayudarle a obtener el resultado que legítimamente merece.
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